Aprobación del plan de reestructuración

La normativa actual en relación a los planes de reestructuración busca facilitar la viabilidad empresarial, protegiendo tanto a deudores como a acreedores, y permitiendo una resolución ordenada y efectiva de las crisis empresariales.

En este sentido, la aprobación del plan de reestructuración es un paso crítico en este proceso. Garantizar que la propuesta salga adelante conlleva un largo proceso que detallaremos a lo largo de este artículo.

¿Cuándo se considera aprobado el plan de reestructuración?

El plan de reestructuración se considera aprobado cuando cumple con una serie de condiciones específicas establecidas en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

La aprobación del plan implica una serie de pasos clave y requisitos que deben cumplirse para garantizar su validez y eficacia. A continuación, se detallan los aspectos fundamentales de este proceso:

Agrupación por clases de créditos

Antes de la votación del plan, los acreedores se categorizan en diferentes clases según la naturaleza y características de sus créditos. La formación de clases de acreedores tiene el propósito de facilitar la negociación y votación del plan, asegurando que los intereses de cada grupo de acreedores sean adecuadamente representados.

Asamblea de acreedores

La asamblea de acreedores es el órgano encargado de deliberar y decidir sobre la aprobación del plan de reestructuración. En esta reunión, los acreedores tienen la oportunidad de discutir los términos del plan y ejercer su derecho al voto de acuerdo con las reglas establecidas, aunque previamente haya existido una negociación del plan de reestructuración con las distintas partes implicadas.

Procedimiento de votación

La asamblea de acreedores consta de varias fases para garantizar la transparencia y la participación activa de todos los interesados en el proceso.

• Convocatoria: se notifica a los acreedores la convocatoria de la asamblea, indicando la fecha, hora y lugar de celebración, así como el orden del día y la documentación relevante que deben tener en cuenta para la reunión.
• Celebración: La asamblea de acreedores se lleva a cabo en la fecha y lugar establecidos, con la presencia de los representantes debidamente acreditados de los acreedores.
  • Se verifica la legitimidad y cuantía de los créditos presentados por los acreedores, asegurando que solo aquellos con derecho a voto participen en la decisión.
  • El deudor o su representante expone los detalles del plan, explicando sus objetivos, términos y efectos esperados.
  • Se abre un espacio para el debate y la discusión del plan, donde los acreedores pueden plantear preguntas, expresar sus opiniones y plantear objeciones.
  • Los acreedores emiten su voto de acuerdo con las mayorías requeridas según la clase a la que pertenezcan.

Mayorías requeridas

• Clases ordinarias: Más del 50% del importe del pasivo y más de la mitad de los acreedores.
• Clases con garantía real: Más del 75% del importe del pasivo y más de dos tercios de los acreedores.
• Pequeños acreedores: Se exige una mayoría cualificada adicional.

Escrutinio y resultado

Se realiza el recuento de votos para determinar si el plan ha sido aprobado, asegurando que se respeten las mayorías requeridas y los derechos de todos los acreedores.

Una vez que el plan de reestructuración ha sido aprobado por las mayorías necesarias, la votación es vinculante para todos los acreedores, incluso a aquellos que votaron en contra o no participaron en la votación.

Reglas especiales para la aprobación del plan

La Ley 16/2022 contempla varias particularidades que pueden influir en la aprobación del
plan de reestructuración:

• Créditos privilegiados: los créditos laborales y los créditos públicos, tienen un tratamiento especial en el proceso de reestructuración. Estos créditos suelen requerir un nivel de acuerdo más estricto o pueden estar sujetos a condiciones específicas para su afectación.
• Arrastre de acreedores disidentes: la normativa permite que, bajo ciertas condiciones, los acreedores que no voten a favor del plan puedan verse obligados a aceptar sus términos. Esto es conocido como cramdown y está sujeto a una serie de requisitos estrictos para proteger los derechos de los acreedores minoritarios.
• Salvaguardias para acreedores vulnerables: se establecen medidas de protección adicionales para los acreedores más vulnerables, como los pequeños proveedores y los trabajadores, para evitar que el plan de reestructuración les cause un perjuicio desproporcionado.
• Supervisión y control judicial: durante todo el proceso, el juez tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de los procedimientos y la equidad del plan. Esto incluye la posibilidad de solicitar informes periciales y audiencias adicionales para resolver disputas entre las partes.

Estas condiciones y reglas especiales aseguran que el proceso de aprobación del plan de reestructuración sea justo, transparente y eficiente, facilitando así la recuperación de empresas viables y protegiendo los derechos de todos los implicados.

¿Qué sucede tras la aprobación del plan?

El siguiente paso crucial es obtener la homologación del plan de reestructuración. Este proceso implica la validación oficial del plan por parte de un juez competente, quien evaluará su legalidad, viabilidad y equidad.

Una vez que ha sido homologado por el juez, se procede a la elaboración de los documentos legales pertinentes. Durante la formalización del plan de reestructuración, se redactan y firman los contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos necesarios para poner en práctica las disposiciones del plan.

¿Qué pasa si no se aprueba el plan de reestructuración?

En caso de que el plan de reestructuración no sea aprobado por los acreedores en la asamblea correspondiente, se abre la posibilidad de impugnar la votación ante el juez competente.

Los acreedores disconformes tienen el derecho de presentar un recurso judicial argumentando las razones por las cuales consideran que la votación no se llevó a cabo conforme a la ley o de manera equitativa.

• Procedimiento: se exponen las irregularidades percibidas durante el proceso de votación. Estas irregularidades pueden estar relacionadas con la forma en que se llevó a cabo la asamblea, la manipulación de votos, la falta de transparencia o cualquier otro vicio que afecte la validez de la votación.
• Audiencia judicial: el juez convoca a una audiencia en la que todas las partes involucradas tienen la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas. Durante esta audiencia, se evalúan las alegaciones de los acreedores impugnantes y se analiza si existen fundamentos válidos para invalidar la votación.
• Resolución judicial: el juez emite una resolución en la que se determina si la impugnación es procedente o no. Si se comprueba la existencia de irregularidades sustanciales que afecten la integridad del proceso de votación, el juez puede ordenar la repetición de la asamblea o tomar las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas.

Además de la impugnación, cabe la posibilidad de solicitar la revisión de la votación si se detectan irregularidades o errores administrativos que puedan haber influido en el resultado.
Este procedimiento permite corregir posibles equívocos o injusticias que puedan haber ocurrido durante el proceso de votación.

Como ves, la aprobación de un plan de reestructuración es un proceso muy complejo que requiere de asesoramiento legal y financiero. En Noguerol, somos expertos en reestructuraciones. Contacta con nosotros y valoramos tu caso.