Abogados especialistas en concurso de acreedores

Es un procedimiento judicial al que se pueden acoger las personas y empresas cuando se encuentran en una situación de insolvencia, es decir, cuando no pueden cumplir regularmente sus obligaciones de pago.

El concurso de acreedores se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 1/2020 de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. La ley contempla dos tipos de insolvencia:

• Insolvencia actual: cuando el deudor ya no puede pagar.
• Insolvencia inminente: es aquella en la que el deudor prevé que no podrá cumplir sus próximas obligaciones puntualmente.

En España el concurso de acreedores no es una opción sino una obligación a la que se deben someter todos aquellos que se encuentran en situación de insolvencia. El incumplimiento de la obligación de solicitar el concurso de acreedores puede deparar perjudiciales consecuencias a los deudores o sus responsables.

Las señales son claras: reducción en ventas, problemas o fuga de personal, falta de innovación y escasez de efectivo para afrontar las obligaciones con bancos y acreedores.

Cuando una empresa entra en concurso de acreedores se la declara insolvente, se designa un administrador que interviene y supervisa la gestión.

Se congelan sus pagos y sus deudas con el fin de encontrar un acuerdo que permita salvar la empresa y, en caso de no ser posible, liquidarla protegiendo los derechos de trabajadores y acreedores, y afectando la responsabilidad de sus administradores.

El deudor debe presentar el concurso de acreedores dentro del plazo de dos meses desde que conociera o debiera conocer su situación de insolvencia.

Pero podrá valerse del llamado preconcurso de acreedores, que le permitirá posponer la solicitud del concurso de acreedores hasta tres meses desde la comunicación.

El concurso de acreedores puede acabar por cumplimiento del convenio declarado por el Juez del concurso. Entonces el deudor queda totalmente liberado y la empresa puede funcionar con total normalidad, recobrando todas sus facultades.

Pero… si el concurso concluye por liquidación, la empresa deja de existir, alzándose la suspensión de los plazos de prescripción de las acciones de los acreedores para reclamar contra quien consideren responsables.

El valor depende del caso según:

• El tamaño de la empresa.
• La situación y el estadío de la Insolvencia.
• Y de la magnitud de los riesgos que se enfrenten.

En todo caso es más económico invertir en abogados especialistas como Noguerol que conocen el tejido judicial, financiero y empresarial y han llevado más de 150 casos de quiebra al éxito, que recurrir a profesionales improvisados o amateurs en materia concursal.

No existe un plazo mínimo ni máximo del concurso de acreedores. 

La Ley Concursal establece plazos procesales para las partes, pero no para que el Juzgado resuelva en cada una de las fases.

En nuestros años de experiencia ha sido la excepción el procedimiento que ha durado menos de un año, siendo la media para los concursos de acreedores de empresa de alrededor de tres años. 

Pero hemos tenido otros que por su complejidad y dimensión, han durado más de una década.

Si el deudor no presenta la solicitud de concurso, cualquier acreedor podrá solicitarlo.

La solicitud del acreedor será comunicada al deudor quien podrá conformarse u oponerse; en tal caso resolverá el Juez pudiendo declarar el concurso.

Esta declaración de concurso necesario supone la total suspensión de las facultades de administración y disposición sobre los bienes del deudor, que pasarán al llamado Administrador Concursal.

Pero es que, además, la falta de presentación de la solicitud del concurso en el plazo establecido, puede suponer que el concurso sea declarado culpable en la fase de calificación.

Esta calificación puede suponer privar al deudor de determinados derechos y la obligación de responder personalmente de todas o parte de las deudas del concurso.

Además de esto, los acreedores podrán formular demanda contra el administrador de la sociedad en la que acabe respondiendo con su patrimonio de las deudas sociales, o que el deudor persona física no pueda llegar a acogerse a la condonación de las deudas que permite la Ley de Segunda Oportunidad.